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El Banco de España, en contra de limitar los precios del alquiler
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29
MAY
El Banco de España, en contra de limitar los precios del alquiler
El órgano supervisor de la banca española afirma en su Informe Anual 2018 que las políticas públicas deben ir encaminadas a mejorar la oferta del mercado del alquiler y que "no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas. Según la evidencia internacional, estas medidas no solo reducen la oferta, sino que pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles”. Sin embargo, apuesta por impulsar la seguridad jurídica para que los propietarios saquen sus pisos al mercado.
El Banco de España ha mostrado su oposición a que se articulen medidas que supongan un control de los precios de los alquileres de viviendas. En su Informe Anual 2018, el órgano supervisor apunta que es necesario dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer la oferta de vivienda de alquiler, debido a cierto endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado residencial.
En este caso, el BdE pide mejorar la seguridad jurídica “para que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler”. Y, sin embargo, hace énfasis en que “no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles”.
Estas evidencias internacionales de las que habla el Banco de España quedan reflejadas en los casos de París y Berlín, ciudades donde se han practicado medidas de control de precios que han terminado en fracaso. Viena es otro ejemplo de urbe europea donde se limita el precio de los alquileres, que se mantiene gracias a un gran parque de vivienda pública en alquiler.
Francia ha vuelto a intentar controlar el mercado del alquiler con la Ley Elan, que entre otras cosas, intenta de nuevo controlar los altos precios de las viviendas en alquiler en ciudades como París y Lyon..
Barcelona y Madrid, focos calientes del mercado del alquilero
El Ayuntamiento de Barcelona, baj el mandato de Ada Colau (Barcelona en Comú) planteaba la posibilidad de empezar a regular los precios de los alquileres en las principales zonas de la ciudad. De hecho, hace apenas una semana, la Generalitat catalana aprobaba un decreto-ley que permitía al Consistorio empezar a crear un Índice de Precios que limitaría los precios.
El resultado electoral del pasado 26M puede dejar en el aire esta medida tras la victoria ‘in extremis’ de Ernest Maragall (ERC) sobre Ada Colau. Ambos están empatados a 10 concejales y necesitarán del apoyo de otras formaciones para gobernar.
El actual Gobierno en funciones del Ayuntamiento de la capital de Manuela Carmena, y que se presentaba bajo las siglas de Mas Madrid, también abogaba por empezar a controlar el mercado del alquiler, proponiendo un límite al precio de los alquileres a través de un índice según categorías de la vivienda.
Pero tras las elecciones municipales del pasado domingo, el Gobierno de la ciudad de Madrid queda en manos de la mayoría del bloque de la derecha (PP, Ciudadanos y Vox), por lo que estás y otras medidas podrían quedar en nada.
A nivel estatal, el último Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler plantea la creación de un Índice de referencia del precio de los alquileres, que elaborará el Ministerio de Fomento. Además, la cartera de José Luis Ábalos ha solicitado al Instituto Nacional de Estadística (INE) la elaboración de una estadística enfocada al mercado del alquiler residencial.
Este índice deberá estar listo dentro de cinco meses para dotar al mercado del alquiler de la necesaria información al servicio de las políticas públicas en materia de vivienda, ofrecer más transparencia en el desarrollo de la actividad, y servir de soporte a la articulación de medidas de política fiscal”.
Inicialmente estos datos serán meramente informativos y, hasta ahora, el Gobierno ha descartado que este índice vaya a servir para establecer un control de los precios de los arrendamientos de viviendas.
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